En la mayoría de países, la expansión de los sistemas modernos de agua y saneamiento se produjo como resultado de la titularidad y las inversiones públicas en respuesta a la creciente demanda y a las preocupaciones de salud pública en las zonas urbanas. Sin embargo, en la década de 1990, muchos países privatizaron sus servicios de agua y saneamiento, especialmente en el Sur, a raíz de la fuerte presión de gobiernos neoliberales e instituciones financieras internacionales para que ‘abrieran’ los servicios nacionales a las corporaciones internacionales. Debido a los fracasos de la privatización del agua, muchas ciudades, regiones e incluso países han iniciado procesos de remunicipalización o renacionalización del suministro de agua, no con el objetivo de volver a las realidades previas a la privatización, sino para desarrollar unos sistemas públicos de agua que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades que luchan contra la privatización pueden presentar estas experiencias a responsables políticos y autoridades públicas como opción normativa alternativa.
Más de 100 ciudades han remunicipalizado el servicio en el mundo entre los años 2000-2014 y en todos los continentes. En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianápolis; en Europa Paris, Berlín o Budapest y en los países del sur: Buenos Aires, La Paz; Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur. La remunicipalización es ya un fenómeno Global.
Existen ya muchos estudios que analizan la transición del abastecimiento privado de agua al público y todos destacan a París como un modelo de referencia. En la capital francesa el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además, no están permitidos los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios y se ha logrado que con la empresa pública haya una gestión más democrática y participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración.
En España
En España, la remunicipalización es también un hecho. En España existen casos como los del Torrelavega (segundo núcleo más importante de Cantabria), Ermua (Vizcaya), Arteixo (Coruña), Cazorla (Jaén), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna, “siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a todos los ciudadanos y ciudadanas”.
En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento remunicipalizador en España. Son 22 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300.
La burbuja hídrica es causa y efecto, a veces, de la corrupción. En Torrelavega (con 54.827 habitantes), el llamado ‘escándalo del agua’ surgió al detectar los técnicos municipales irregularidades en la gestión de la empresa mixta, concretamente durante los ejercicios de 1999 y 2000. En 2011 quedó resuelto el proceso administrativo, con el respaldo judicial a la decisión del pleno de la Corporación de rescindir el contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), la empresa privada que tenía entonces el 51% de las acciones de la sociedad responsable de la gestión del agua en el municipio (Aquator). Los delitos que se imputan tienen que ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la contratación irregular de empresas filiales para distintos trabajos y el desvío de compras de carbón activo para otros municipios, principalmente. En la actualidad la empresa pública de Torrelavega ha acometido importantes obras de agua y presenta beneficios.
Otro caso muy conocido es el de Medina Sidonia (11.781 habitantes), Cádiz, municipio que en 2003 decidió crear su propia empresa pública — hoy denominada Medina Global— para gestionar el abastecimiento del agua, el factor precio fue importante. Pero desde que se recuperó la gestión pública, en el municipio no ha habido cortes de agua, ni siquiera con la irrupción de la crisis económica. La decisión de desprivatizar fue tomada con una firme voluntad de mejora del servicio en todos sus aspectos, así como de repercutir directamente los beneficios generados en el municipio. En la actualidad Medina está intentando remunicipalizar también los servicios de recogida de residuos.
El modelo de Medina Sidonia también ha inspirado a ciudades como Lucena (42.560 habitantes) o Córdoba, que recientemente ha remunicipalizado el servicio y aplica los valores del derecho humano al agua siguiendo las recomendaciones de la ONU. Un modelo de gestión que en un solo año ha acometido obras que eran vitales para garantizar el acceso al agua a la ciudadanía y que a día de hoy la empresa pública presenta superávit.
Los primeros casos conocidos fueron Medina Sidonia y los 22 municipios dependientes de agua del Huesna. Casos motivados por los numerosos incumplimientos de los pliegos de explotación y que se hicieron por la vía de la negociación, permitiendo acceder a fondos y cerrar acuerdos con entidades financieras para invertir en aquellas áreas que el sector privado había desatendido. En ambos casos, el control de lo público y el compromiso de lo político estaban en la base de la remunicipalización.
Ahora vivimos un resurgir de la calle del que la remunicipalización también se impregna. Ya no es solo una élite técnico-política la que está al frente del fenómeno; ahora es la sociedad civil organizada la que está forzando a los grupos políticos a posicionarse ante esta cuestión. El caso más ilustrativo lo tenemos en las pedanías de Jerez de la Frontera.
Recientemente, el Pleno de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz ha dado luz verde al proyecto de agua pública de tres entidades locales autónomas de Jerez, Guadalcacín, Torrecera y Estella. Las tres pedanías cierran así un convenio a diez años de gestión pública de su agua urbana, a espaldas de la privatización realizada para el resto del municipio de Jerez, que mantiene dicha gestión concesionada a Aqualia. Lo interesante ha sido que el catalizador del proceso ha sido fundamentalmente la sociedad civil agrupada a través de una Coordinadora de más de veinte colectivos. La Coordinadora ha sido capaz de mediar y dar soporte técnico —sin duda, con el apoyo de instancias como Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) — a una operación donde cuatro mil familias jerezanas se puedan acoger a un servicio público que —además de partir con una factura mucho más barata— supone un referente de lucha para demostrar que desde lo público se puede, a la vez que representa un muro de contención para que en adelante la empresa privada no pueda hacer —como mayoritariamente sucede en España— subidas descomunales de los recibos, ni bajar el listón de alta eficacia que ya poseía el sistema público de Jerez, dejando de conservar su calidad
Por otro lado, opinamos que la bajada de tarifas o la eficiencia del servicio público no deben ser los únicos factores a la hora de decidir la reversión de una concesión. La accesibilidad y la garantía de servicio, junto con la trasparencia y la participación pública de la gestión pública tienen que estar en la base del modelo. Desde mí posición, el énfasis de la nueva política de aguas debe de ponerse en la Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro, como servicio de interés general ya que el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental, además de elemento esencial para la vida.
Para ello, es necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto por el Agua Pública (#iniciativagua2015), en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. Un modelo que frene el incipiente proceso de corporativización, que también amenaza al modelo público; y que conduzca hacia el objetivo final de la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Remunicipalización: El grifo vuelve a manos públicas http://www.lamarea.com/2014/07/30/remunicipalizacion-el-grifo-vuelve-manos-publicas/
REMUNICIPALIZACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES http://www.epsu.org/IMG/pdf/remunicipalizacion_y_servicios_municipales_DH-2.pdf
