El organismo andaluz cree “imprescindible” que nadie se vea privado del suministro

“Estimamos imprescindible avanzar en una regulación que garantice que ninguna persona pueda verse privada del acceso al agua por razones de capacidad económica”. Esta contundente conclusión forma parte del informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz para el Parlamento sobre Servicios de suministro. Garantías y derechos. El trabajo evidencia las deficiencias de la normativa actual, propone la prohibición o limitación de los cánones (fórmula de privatización de la gestión) y reclama la creación inmediata del Observatorio del Agua para unificar criterios.

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