Prohibir los cortes de agua; asegurar un mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado; garantizar tarifas sostenibles y que el dinero recaudado solo revierta en este ámbito; y que este recurso, gestionado siempre por la Administración pública, se convierta en un elemento de creación de empleo. Estos son los principales objetivos del movimiento ciudadano que esta semana firma en Málaga un pacto que blinde el agua y aleje este recurso de presiones privatizadoras.

La plataforma ha conseguido hasta ahora la suma de una treintena de organizaciones (consumidores, ecologistas, sindicatos y colectivos vecinales, entre otros) y trata de trasladar el debate que ha surgido a nivel europeo y nacional a cada territorio. La propuesta aterrizó el pasado octubre en Andalucía, donde se estima que un 48% de la población se abastece a través de empresas privadas o de gestión mixta, y se han celebrado foros en Sevilla y El Puerto de Santa María (Cádiz) en los que se logró el respaldo de PSOE, IU, Podemos y UPyD.

La #iniciativagua2015 se presenta el próximo 19 de febrero en Málaga con la adhesión de una veintena de colectivos y de todos los grupos políticos, excepto el PP. Se sigue trabajando para intentar ampliar los apoyos.